En 2010, la acción pública de inconstitucionalidad cumplió cien años de haber sido adoptada en el ordenamiento constitucional colombiano. No obstante, con el paso de los años, esta institución constitucional ha ganado especial trascendencia y la interpretación restrictiva o abierta de su aplicación aún genera controversia, tal como lo hizo en 1910.
De esta forma, a partir del inhibicionismo constitucional que ha sido desarrollado por la Corte Constitucional, esta noción surge como un concepto
constitucional con argumentos, variaciones y efectos relevantes para el derecho en Colombia y para la misma acción pública. Por medio de los fallos inhibitorios, la Corte enriquece el contenido de la misma acción y va dando forma a su contenido, en función de principios.